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La Fiscalía ha reforzado el equipo de fiscales que investigan al Rey emérito Juan Carlos I en relación con posibles comisiones cobradas en la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas.
A los cuatro fiscales del Supremo se suma el personal de Rosa Ana Morán, que dirige la Unidad Especializada en Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado.
La FGE ha recordado que las diligencias de investigación iniciadas por Anticorrución, relativas a la Fase II del denominado AVE del desierto, fueron asumidas hace unas semanas por la Fiscalía del Tribunal Supremo y encomendadas a Campos, fiscal delegado de la especialidad de delitos económicos en el alto tribunal.
El equipo cuenta con parte de la investigación remitida por las autoridades suizas por posibles delitos.
Delitos relacionados con un depósito de 100 millones de dólares ingresados en la cuenta de la fundación panameña Lucum, vinculada al Rey emérito.
Se ha encargado la traducción de los documentos, que están en francés, y se espera una segunda remesa de papeles.
Será necesario su análisis, según fuentes fiscales, para decidir si el asunto se pone finalmente en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Lo que se investigan son posibles conductas cometidas después de la abdicación de Don Juan Carlos, relacionadas con el movimiento del dinero.
Podrían constituir delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público también debe valorar el alcance que sobre estos hechos tiene la inviolabilidad de la que disfrutó Juan Carlos I como jefe del Estado.
De la cuenta vinculada a la fundación Lucum salieron los casi 65 millones de euros transferidos a otra cuenta de Bahamas a nombre de Corinna Larsen.
Ella en su declaración ante la Fiscalía suiza enmarca en una donación, en un «regalo no solicitado» para ella y su hijo por el «cariño» que les tenía.
